Cuatro municipios del Altiplano y la Chiquitania están fortaleciendo sus capacidades de adaptación, mitigación y prevención mediante la consolidación de leyes municipales de gestión del riego que permitan enfrentar los efectos del cambio climático y eventos adversos (heladas, granizo, sequias, incendios, inundaciones y otros), priorizando protección de la vida de las personas.
En este entendido, de acuerdo a las políticas nacionales de gestión del riesgo, los municipios deben priorizar la prevención de desastres además de fortalecer una cultura de resiliencia; por lo que Practical Action (Soluciones Prácticas) está trabajando en coordinación con las autoridades municipales de Collana, Colquencha, Viacha (La Paz), y del municipio de San José de Chiquitos (Santa Cruz), para gestionar leyes municipales de gestión del riesgo.
Los proceso de construcción de la normativa local son facilitados en el marco de los proyectos Resiliencia Altiplano y Resiliencia Chiquitania, financiados por la Dirección de Protección Civil y Ayuda Humanitaria de la Unión Europea (ECHO), bajo el liderazgo de la FAO, con la participación de pobladores, productores, organizaciones sociales, autoridades indígenas originarias y municipales, con el objetivo de contar con propuestas de ley que respondan, de manera adecuada y responsable, a estos eventos adversos que afectan y pueden causar daños tanto a la población como a sus medios de vida (producción, medio ambiente, infraestructura, recursos financieros, etc.).
Ambos proyectos, pese a desarrollarse en regiones distintas, tienen como metas comunes: fortalecer las capacidades institucionales, incrementar la resiliencia de los medios de vida ante las amenazas y crisis, en particular para aportar en la adopción o implementación de sistemas y marcos jurídicos, normativos e institucionales para la reducción del riesgo y la gestión de crisis en hogares y comunidades, y para que exista la preparación, desde lo local, para dar respuestas eficaces a las emergencias y desastres en estos municipios.
Marcelo Carrión, líder del programa Resiliencia y cambio climático de la ONG Practical Action, manifestó que, en el marco de la Ley 602 (ley de Gestión de Riesgos), “la política nacional de gestión de riesgos es el conjunto de iniciativas, decisiones y acciones del Estado Plurinacional de Bolivia, que tienen por objeto intervenir los riesgos de desastre presentes o los factores que los puedan desencadenar, en el entendido que son resultado de una construcción social que se debe revertir, buscando privilegiar el establecimiento de condiciones óptimas de seguridad para la sociedad en general, los sistemas de vida y sus componentes; así como aplicando medidas efectivas para la reducción del riesgo y la atención de desastres y/o emergencias”
En ese entendido es fundamental que los niveles subnacionales (gobernaciones y municipios), también cuenten con políticas departamentales y municipales respectivamente, para de esta forma crear en sus jurisdicciones una cultura de prevención de desastres y una cultura de resiliencia, de tal manera que se concentren los esfuerzos en disminuir la vulnerabilidad e incrementar la resiliencia de la población en general.
