San José de Chiquitos planifica resiliencia
La Chiquitania está conformada por un ecosistema que representa al bosque tropical seco más grande del mundo, ubicado en una de las últimas regiones forestales tropicales secas de Bolivia y Sud América. La zona es valiosa por su ecología única y su valor patrimonial histórico y cultural. “Se encuentra casi en su totalidad en Bolivia, y la mayor parte, en Santa Cruz” (La Región, 2019).
La ecorregión está caracterizada por su ubicación transicional entre el clima húmedo de la Amazonia y el semi seco del Gran Chaco. Su fisiografía es ondulada, predominan suelos de color rojizo por sus altos niveles de hierro y baja fertilidad natural, además, la presencia de pequeñas cadenas montañosas y del Escudo Precámbrico (Fundación del Bosque Chiquitano, The Nature Conservacy, 2005).
La Chiquitanía es una zona afectada por una serie de multiamenazas climáticas como: sequía y olas de calor, las cuales crean condiciones para la amenaza de incendios a partir de focos de calor generados por quemas, como ocurrió el año 2019. Las emergencias causadas por la sequía e incendios han creado nuevos riesgos ambientales como la degradación del bosque, la migración de nuevos asentamientos humanos y el riesgo de pérdida de la biodiversidad. Estas nuevas condiciones generan nuevos riesgos (riesgos ocultos) que incrementan el grado de vulnerabilidad de las personas y de los medios de vida de la región.
La recurrencia de incendios es muy frecuente sobre todo en áreas con asentamientos humanos, normalmente con poblaciones migrantes que se dedican a la agricultura, y a la ganadería y que usan el “chaqueo” como una práctica habitual para limpiar y preparar el terreno para el siguiente cultivo. Práctica que se extiende como la frontera agrícola como amenaza potente sobre este Bosque seco en la Chiquitania y que el año 2019 cobró más de 6 millones de hectáreas (Agencia Anadolu, 2019) arrasando con vidas de personas, vegetación (más de 40 millones de árboles), vidas de animales, y poniendo en riesgo más de 1.200 especies (La Región, 2019).
La amenaza será mayor cuanto más críticos sean los “factores climáticos” (sequía más intensa y prolongada) y otros años más benignos en los cuales, al haber pocos incendios de la vegetación, las acciones de prevención y control surten efecto. Según el Observatorio de la Fundación para la Conservación del Bosque Seco Chiquitano, entre los años 2000 y 2018, el promedio de quemas en la ecorregión, en la parte de Bolivia, fue de 290 mil hectáreas por año, siendo los más altos 2010, seguido por 2002 y 2008” (La Región, 2019).
Esto implica, además:
- “El desplazamiento de la población, la interrupción de sus medios de vida y de la asistencia escolar; el costo humano y económico del desarraigo.
- Las pérdidas materiales de cultivos, viviendas y de activos productivos de la agricultura familiar, comunitaria y comercial, que dificultan su recuperación.
- Las afectaciones a la salud y seguridad humana: respiratorias y oftalmológicas, y también vinculadas al consumo de agua contaminada por la lixiviación de cenizas en los cursos y cuerpos hídricos.
- Emisión de carbono a la atmósfera al liberarse dióxido de carbono (CO2), monóxido de carbono (CO), óxidos de nitrógeno (NOx) y metano (CH4); (…)
- Contaminación y alcalinización de las aguas de las microcuencas que, en el caso de la Chiquitania, son la principal fuente directa de agua para el consumo humano y de los animales de producción, pero que también provocan cambios en la biodiversidad acuática, con mortandad de peces y demás fauna acuática.
- El banco de semillas que se mantiene a nivel del suelo se pierde en su gran mayoría, se quema o queda expuesto a posteriores impactos de enfermedades y este banco es fundamental para los procesos de regeneración del Bosque Chiquitano, los cuales se ven significativamente afectados”. (La Región, 2019)
Existen además riesgos ocultos a los cuales se hacen referencia y que se hacen evidentes en los diferentes espacios de interacción de la población, familia, comunidad, escuela donde se observan las siguientes problemáticas: desintegración familiar, violencia intrafamiliar, abandono en el cuidado de los niños, violencia basada en género, rendimiento escolar, violencia entre pares, trata y tráfico, alcoholismo, drogadicción, delincuencia entre otros.
Justamente, el proyecto “Fortalecimiento en la preparación, respuesta y acción temprana de comunidades, organizaciones sociales y público local integrado con el nivel nacional y departamental ante multi riesgos y riesgos ocultos, generando capacidad de protección y medios de vida en municipios de la Chiquitania” también conocido como “Resiliencia Chiquitania”, que fue financiado por la Dirección de Ayuda Humanitaria y Protección Civil de la Unión Europea (ECHO), e implementado por Practical Action (Soluciones Prácticas), Visión Mundial, Unicef, OIM bajo el liderazgo de la FAO inició acciones el año 2020 en los municipios de San José de Chiquitos, San Miguel de Velasco, San Ignacio de Velasco, Robore y San Rafael, priorizados en términos de vulnerabilidad, por el Viceministerio de Defensa Civil, cabeza de sector frente a las emergencias y desastres.
En San José de Chiquitos, municipio donde se conjugaron varias de las acciones del proyecto en favor de la integralidad, según datos de la Fundación Amigos de la Naturaleza presentados por la Agencia Anadolú, se perdieron 209.862 ha.
A la magnitud de la emergencia acaecida el 2019, se sumaron no sólo los incendios forestales del 2020, sino además la pandemia mundial por Covid-19 que al 29 de septiembre de 2020, se encontraba entre los municipios con mayores casos presentados en Santa Cruz (departamento que en aquella fecha supera los 42500 casos reportados).
Esta situación agravaba no sólo las condiciones de salud y las connotaciones socioeconómicas que brotaban como consecuencia de una cuarentena todavía semirrígida con picos de contagio alto; sino que en poblaciones en situación de vulnerabilidad y aisladas como San José, y las otras comunidades mencionadas como parte del proyecto, el acceso y disponibilidad de alimento era cada vez menor.
Si bien inicialmente el proyecto planificó las acciones referidas al fortalecimiento del capital natural, con la implementación de sistemas agroforestales y silvopastoriles que permitan una diversificación de cultivos para mejorar la disponibilidad de alimentos y mejorar el uso de la tierra y el establecimiento de estrategias para el uso racional del agua y del bosque considerados como parte de los medios de vida de la población atendida por el proyecto, se vio como una necesidad prioritaria la dotación de kits de alimentación para atender una primera necesidad mientras se trabajaba con la reactivación productiva a partir de cultivos de ciclo corto para contar con la disponibilidad de alimentos diversificados en los huertos y chacras familiares.
“Estamos con las semillas que nos han dado: maíz chiriguano, maní, frejol y hortalizas. Con el maní preparamos sopa, se hace chocolate también, pero más es sopa. Del maíz preparamos la harina para alimento de los animales y también hacemos para nosotros; y del frejol si se nos da bien, [destinaremos] un poco para la venta, un poco para hacer ensaladas” Peregrina Montenegro, Comunidad Candelaria.
Por su parte Santiago Melgar de la comunidad La Ramada, señaló que esta es su primera experiencia iniciando cultivos de ciclo corto y proyectando parcelas agroforestales: “Tengo jocos, frejol, zapallo, pepino, pimentón, lechuga he sacado, todo eso. Con lo que he sembrado el maíz estamos haciendo tamales, sopa y para los pollos y se vende también. Si Dios nos permite y nos da una buena siembra vamos a tener un poco para gastos y con lo que podamos vamos a comprar lo que hace falta”.
Para Mario Albarracín, cacique de la comunidad indígena Pororó, parte de la Central de comunidades Indígenas de Chiquitos Turubó, la distribución de semillas se realizó de acuerdo a las necesidades de cada comunario: “Otros producen verduras, otras hortalizas, otra ganadería, lechería. Nos dio las semillas hortalizas, sorbo maíz que ya están floreciendo, otros que ya están sacando a la venta sus maíces en choclo para comercializar; de la misma manera con el frejol”.
La autoridad enfatizó en el trabajo que se está realizando con la planificación comunal a través de la Evaluación participativa de vulnerabilidades y capacidades (EPVC): “se hizo un diagnóstico en la comunidad cómo se va a trabajar, cómo funciona, cómo trabajamos, cómo vivimos y posteriormente hemos construido un plan de trabajo comunal donde hemos especificado las potencialidades de la comunidad, qué es lo que producimos cuáles no producimos”.
Isabel Montenegro, cacique de la comunidad Candelaria, perteneciente también a la central del Turubó, enfatizó también el trabajo con la planificación anual con enfoque de gestión del riesgo que se realiza a nivel de las comunidades, añadiendo además el fortalecimiento a su capacidad de gestión frente a las autoridades municipales: “Con el diagnóstico de la EPVC hemos hecho nuestro POA comunal y el tema de riesgos para prevenir y prepararnos nosotros en un futuro, (…) así poder llegar a la alcaldía y ver en qué nos pueden ayudar, tantas necesidades que tenemos aquí en la comunidad”.
Isabel también habló sobre las semillas y procesos de cultivos realizados con apoyo de este proyecto y resaltó el trabajo realizado con hortalizas que es algo novedoso para su comunidad y que además les beneficiará económicamente a través de la producción directa: “El frejol tenemos la tierra preparada para sembrarlo en el mes de marzo que es cual sembramos nosotros, las hortalizas ya están en almácigo. Dios quiera que nos va a dar bien también porque nos va a servir bastante el tema de la hortaliza porque nos cuesta comprarlo, pero gracias a estas instituciones que se nos va a dar y estamos trabajando.
En la comunidad de Quitupiña Ronald y Juan Pablo Zeballos (cacique) resaltaron la metodología y finalidad de los talleres de EPVC, enfatizando el componente de prevención:
“El 2019, si hubiéramos tenido la preparación que tenemos ahora, no hubiera sucedido lo que sucedió en ese entonces en muchos lugares de los municipios” comentó Ronald, resaltando la participación inclusiva de mujeres y niños/as,
Por su parte Juan Pablo mencionó lo siguiente: “es mucho más factible prevenir que estar solucionando problemas. Es muy importante todo lo que estamos analizando de luchar contra las causas de las amenazas que tenemos en la comunidad: incendios, sequías, el tema de la pandemia en el caso de la salud. Es importante informarnos, que nos capaciten y así poder solucionar y evitar muchos daños a nuestras familias y a nuestra comunidad y que podamos estar preparados ante cualquier posible situación”.
Resiliencia Chiquitania tiene el propósito de fortalecer la capacidad de recuperación y la gestión integral del riesgo de las familias que viven en zonas rurales y comunidades periurbanas y áreas afectadas por desastres, conflictos y movimiento de población en la Chiquitania, a través de la implementación de estrategias innovadoras de medios de vida, agua, salud y educación de forma articulada con los diferentes niveles territoriales y los diferentes actores que participan en ellos, generando de esta manera un modelo y enfoque diferenciado que vinculó a instancias de los tres niveles de gobierno, la comunidad y el sector privado en la preparación y respuesta, para lograr un efecto multiplicador masivo a través de la generación de políticas públicas.
Texto: Mónica Cuba